El gran apagón eléctrico que sumió en la oscuridad a buena parte de España el pasado 28 de abril no solo provocó pérdidas económicas multimillonarias y el colapso del transporte, las telecomunicaciones y la industria. También dejó al descubierto una de las debilidades más invisibles (pero igual de costosas) de muchas organizaciones: la falta de protección real sobre los datos que manejan.
España vivió su jornada más crítica en décadas en términos energéticos. Las estimaciones preliminares apuntan a pérdidas de entre 1.000 y 2.000 millones de euros en solo unas horas. Más de 4.500 millones de euros si se considera el parón absoluto del PIB diario, aunque muchos sectores lograron reactivarse parcialmente.
La industria automovilística detuvo líneas de montaje enteras, los supermercados perdieron millones en productos refrigerados que debieron desechar y los autónomos y pequeños negocios calculan una pérdida media de 650 euros por profesional. Los trenes se detuvieron, los semáforos dejaron de funcionar y miles de ciudadanos quedaron atrapados en ascensores.
Pero, tras las cifras visibles se escondía otra pérdida: la de datos personales. En oficinas, servidores, pymes, hospitales y plataformas tecnológicas, la caída súbita del suministro provocó cortes abruptos de sistemas informáticos que, en muchos casos, derivaron en la pérdida irreversible de información crítica.
Documentos sin guardar, transacciones fallidas, servidores que no se apagaron correctamente o bases de datos que se corrompieron con el reinicio. Una amenaza silenciosa que, según los expertos, podría haberse mitigado con una figura clave que muchos aún no han incorporado: el Delegado de Protección de Datos (DPO).
Apagón digital: el impacto menos visible
“Durante un apagón, el foco se pone en las luces que se apagan, los trenes que se detienen o los negocios que cierran. Pero casi nadie repara en la cantidad de información que se puede perder en segundos, hasta que se pierde”, explica Miguel Quintanilla, experto en protección de datos en Grupo Atico34, consultora líder en cumplimiento normativo. “Una empresa sin sistemas de respaldo bien diseñados puede perder no solo datos, sino la confianza de sus clientes”.
El apagón también tuvo como efectos colaterales la caída de firewalls, sistemas de cifrado en tiempo real, entornos de trabajo virtualizados y servidores de aplicaciones. Esto dejó brechas temporales en los sistemas de seguridad que, de haberse prolongado o explotado por ciberdelincuentes, habrían supuesto una amenaza mayor. Afortunadamente, según fuentes del INCIBE y el CCN, no se detectaron ciberataques coordinados con el apagón. Pero la advertencia está sobre la mesa.
“La pérdida o corrupción de datos fue uno de los grandes daños colaterales de este apagón. Y lo más preocupante es que muchas empresas no tienen ni idea de lo que han perdido”, señala Quintanilla. “No se trata solo de archivos de clientes o bases de datos comerciales, sino de registros legales, historiales médicos, informes de contabilidad o incluso evidencias necesarias para auditorías futuras”.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige que las organizaciones protejan la integridad y disponibilidad de los datos personales que manejan. Si esa integridad se ve comprometida por falta de medidas preventivas, las sanciones pueden ser severas. Y tras lo vivido, muchas empresas se enfrentan ahora no solo a pérdidas económicas, sino a posibles incumplimientos legales.
La figura del DPO: ausente en miles de empresas
El Delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés) es una figura obligatoria para muchas entidades públicas y empresas que manejan datos sensibles o a gran escala. Su papel va más allá del cumplimiento legal: es quien diseña los protocolos de seguridad, establece planes de contingencia y garantiza que los datos estén protegidos incluso en situaciones extremas.
“Si hubiera habido un DPO en más empresas, muchas pérdidas de datos se habrían evitado”, afirma Quintanilla. “El DPO no solo asesora sobre cómo cumplir la ley, sino que prevé escenarios de crisis y organiza simulacros. Diseña sistemas con copias de seguridad encriptadas, ubica servidores en entornos redundantes y forma al personal para responder ante emergencias”.
El problema es que en España, según estimaciones recientes, menos del 40% de las pymes que están obligadas a tener un DPO lo han designado. Y entre las que no están obligadas, apenas un 5% ha considerado hacerlo de forma voluntaria. Un error que, tras lo ocurrido el 28 de abril, puede costar muy caro.
“El apagón no fue solo un corte de luz. Fue un test masivo sobre la madurez digital y legal de nuestras empresas”, sentencia el experto. “Y muchas suspendieron, es así. No por falta de voluntad, sino en su mayoría por desconocimiento. Creen que un DPO es un gasto superfluo, cuando en realidad es su seguro de vida frente a la pérdida de datos”.
NIS2 y el nuevo paradigma de resiliencia digital
La Directiva NIS2 de la Unión Europea, que está en proceso de implementación en España, refuerza precisamente estos puntos. Exige a las entidades esenciales (como operadores de energía, transporte, banca, salud y tecnología) contar con planes de ciberresiliencia, notificación rápida de incidentes y gobernanza clara en protección de datos. Pero su cumplimiento no se improvisa. Requiere planificación, liderazgo y cultura preventiva. Aquí el DPO vuelve a cobrar protagonismo.
“El apagón demostró que la continuidad de negocio y la protección de datos están completamente entrelazadas”, indica Quintanilla. “Muchas empresas tienen generadores para no perder producción, pero no tienen un protocolo para salvar sus datos. Eso es una incongruencia que NIS2 busca resolver”.
En el nuevo marco regulatorio, el DPO se convierte en una figura estratégica, no burocrática. Ya no es solo quien rellena formularios, sino quien diseña las defensas contra escenarios como el que España vivió hace apenas una semana. Y su presencia no será opcional.
Grupo Atico34, que asesora a empresas de todos los tamaños en el cumplimiento del RGPD y otras normativas, ha recibido en los últimos días una avalancha de consultas. Muchas compañías que no habían considerado tener un DPO ahora se lo replantean. Otras buscan analizar si durante el apagón sufrieron una violación de seguridad y están obligadas a notificarla a la AEPD.
“Nadie quiere verse en los titulares por haber perdido los datos de sus clientes durante un apagón. Y mucho menos enfrentarse a multas millonarias por no haber hecho lo mínimo para evitarlo”, concluye Quintanilla.
El apagón de abril ha encendido más que alarmas. Ha activado una conciencia nueva sobre la fragilidad digital de nuestras organizaciones. En el siglo XXI, la luz puede volver en horas. Pero los datos perdidos, esos sí, pueden no recuperarse nunca.
